El Gobierno de Nicolás Maduro considera “infundada” la decisión y acusa a la CPI de responder a intenciones políticas 

El Gobierno de Venezuela enfrenta un nuevo revés en la Corte Penal Internacional. Los jueces de La Haya han decidido de forma unánime desestimar la impugnación introducida el año pasado con la intención de detener el proceso de investigación iniciado sobre la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en la última década bajo la administración de Nicolás Maduro, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El proceso que se inició el 3 de noviembre de 2021, luego de que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran en 2018 una denuncia ante la instancia, continúa. La Cancillería venezolana ha calificado de infundada la decisión. 

Este es uno de los frentes en los que el chavismo batalla. La apelación que introdujeron los abogados del Gobierno el año pasado abrió la puerta para escuchar en la Corte parte de los testimonios de más de 8.000 víctimas que rindieron declaración ante la Oficina de Defensa de las Victimas y las observaciones del panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos durante la audiencia celebrada en noviembre. 

La sentencia llega en un momento en el que el chavismo vuelve estar en la mira de la comunidad internacional por un recrudecimiento de la persecución política y la represión, en el año de las elecciones presidenciales, con dos episodios recientes que han levantado nuevamente las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en el país. 

El primero, la detención de la activista Rocío San Miguel, cuya defensa ha denunciado graves violaciones al debido proceso, incluida la incomunicación y desaparición por varios días. San Miguel, tras 20 días de arresto bajo acusaciones de conspiración y terrorismo, no ha podido recibir asistencia de sus abogados. El segundo, la expulsión de los miembros de la oficina técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas por haber manifestado su preocupación por el caso de San Miguel. 

El Gobierno ha argumentado que el sistema de justicia hace el trabajo de investigar y condenar delitos. Pero la CPI ha replicado que no se hace bajo la misma categoría de crímenes de lesa humanidad ni sobre los altos cargos que tienen responsabilidad en su comisión. 

En un comunicado, el canciller Yván Gil ha asegurado que la CPI responde a intenciones políticas: “Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un conjunto reducido de delitos que han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por el sistema de justicia venezolano”. 

Defensores de derechos humanos, sin embargo, han denunciado constantemente la impunidad que rodea a muchos de los casos relacionados con detenciones, torturas de presos políticos, asesinatos de manifestantes en los ciclos de protestas de 2014, 2017 y 2019 y durante operativos de seguridad. El panel de expertos de la OEA ha celebrado la decisión de la Corte e instan al fiscal Karim Khan a incluir en su investigación “los crímenes más recientes cometidos en la escalada de persecución por motivos políticos, detenciones y desapariciones forzadas, de cara a las elecciones de 2024 y a incluir todos los perpetradores, incluidos los perpetradores estatales de alto nivel”. 

Un informe del Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela ha contado durante el mes de enero 97 agresiones en contra de ONG. “El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor”, señala el reporte difundido este viernes. En 2023, esta organización contabilizó 524 ataques. A esto se suma, la pretensión de la Asamblea Nacional de aprobar una legislación para la fiscalización de las organizaciones sociales, que contempla multas de hasta 12.000 dólares a las entidades que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.