Ayer os anunciamos que la Cámara del Congreso de Estados Unidos ha aprobado este proyecto de ley que prohibirá tikTok en EEUU a no ser que pase a manos de una empresa americana. Faltaba la firma del presidente, y parece que Joe Biden ha lanzado adelante esta ley. 

Valencia buscará ser neutra para el clima en 2030 con la ayuda del proyecto europeo MatchUp 

Tal y como informan desde Reuters, la Casa Blanca ha confirmado esta nueva ley tras la firma por parte el presidente Joe Biden. Y en ella se recoge la prohibición de TikTok en los Estados Unidos, a no ser que ByteDance venda su red social a una empresa con sede en EEUU. 

Esta nueva ley le da a ByteDance nueve meses iniciales para llegar a un acuerdo con una de las compañías interesadas, además, a través de una disposición presidencial, Joe Biden puede ampliar este margen otros tres meses más. Así que realmente TikTok tiene un año para pasar a manos americanas. 

Como era de esperar, TikTok no ha tardado en responder. Ha sido el propio CEO de la red social, Shou Chew, quien ha publicado un comunicado que puedes leer aquí, o ver debajo de estas líneas a través de su cuenta en TikTok. 

“Esta ley inconstitucional es una prohibición de TikTok y la impugnaremos ante los tribunales. Creemos que los hechos y la ley están claramente de nuestro lado y, en última instancia, prevaleceremos. El hecho es que hemos invertido miles de millones de dólares para mantener seguros los datos estadounidenses y nuestra plataforma libre de influencias y manipulaciones externas. Esta prohibición devastaría a siete millones de empresas y silenciaría a 170 millones de estadounidenses. Mientras continuamos desafiando esta prohibición inconstitucional, continuaremos invirtiendo e innovando para garantizar que TikTok siga siendo un espacio donde los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida puedan venir de manera segura a compartir sus experiencias, encontrar alegría e inspirarse.” indican desde la red social. 

Como era de esperar, ByteDance no se quedará de brazos cruzados. Y con 170 millones de usuarios en su red social que acceden desde Estados Unidos, tiene lógica que quieran presentar batalla. Aunque no pinta muy bien para TikTok, especialmente viendo el precedente de Huawei. Lo que está claro es que a ByteDance no le van a faltar empresas interesadas en comprar TikTok. 

La Policía ha detenido al menos a 47 personas en Yale este lunes, cuatro días después de más de un centenar de arrestos en protestas propalestinas en Columbia 

Agentes de policía detienen a estudiantes de la Universidad de Nueva York en solidaridad con los manifestantes de la Universidad de Columbia y en contra de los ataques de Israel sobre Gaza, este lunes. 

La guerra en Gaza vuelve a inflamar las universidades de Estados Unidos, donde las protestas palestinas cobran fuerza a medida que continúa la ofensiva israelí sin que se vislumbre un alto el fuego inmediato. Un centenar de estudiantes quedó detenido la semana pasada en la Universidad de Columbia; este lunes, las detenciones se han repetido en la Universidad de Nueva York y en la de Yale, han sido al menos 47 personas, en acciones que los gestores de los centros han justificado como el resultado de un difícil equilibrio entre la libertad de expresión, la dureza contra el antisemitismo y la necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes. Mientras se extienden las acampadas y encierros de los estudiantes a punto de comenzar las celebraciones por la Pascua judía este mismo lunes, la propia Casa Blanca ha emitido un comunicado para pronunciarse al respecto. 

En Yale, los manifestantes, concentrados en tiendas de campaña en una de las plazas centrales del campus desde hace cuatro días, bloquearon este lunes el tráfico para exigir que este centro de estudios de élite se desprenda de sus inversiones en la industria militar y aquellas empresas que se benefician de la guerra en la Franja. Según el periódico universitario Yale Daily News, la Policía detuvo a más de 47 personas, entre estudiantes, profesores y otras personas no relacionadas con la institución. 

A última hora de la tarde, los agentes de la Policía rompían las barricadas que los participantes en las protestas habían erigido en torno a su campamento en el exterior de la escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, aproximadamente después de que las autoridades de la institución pidieran que los asistentes despejaran la zona y denunciaran un comportamiento “disruptivo”. Hasta cerca de 400 personas habían llegado a tomar parte en esa concentración a lo largo del día 

En Columbia los ánimos continuaban muy caldeados, después de los incidentes del jueves pasado, en los que más de un centenar de personas quedaron detenidas en una protesta similar. Era la primera vez que la Policía entraba en el campus del centro de élite para arrestar a estudiantes desde 1968, en plena era de protestas contra la guerra de Vietnam. La universidad ha suspendido el permiso de asistencia a varios de los estudiantes arrestados. 

Una manifestación propalestina en el campus de la Universidad de Columbia, el lunes.CAITLIN OCHS (REUTERS) 

Este lunes, la universidad neoyorquina cancelaba sus lecciones presenciales y las sustituía por clases a distancia, mientras recomendaba a los estudiantes no domiciliados en las residencias del campus que no se desplazasen a las instalaciones, por motivos de seguridad. Pasado el mediodía, un grupo de profesores se manifestaba para protestar contra las detenciones y exigir que la universidad readmita a los suspendidos. 

La rectora de la Universidad de Columbia, Minouche Safik, envió un mensaje al personal y los estudiantes de la institución para expresar su “profunda tristeza” por los acontecimientos en su campus. “Para enfriar la animosidad y darnos a todos la oportunidad de plantearnos los próximos pasos, las clases se impartirán este lunes de manera virtual”, anunciaba. 

Protestas similares tienen lugar en otros prestigiosos centros universitarios por todo el país, incluido el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Emerson, Tufts, Brown o Stanford, en la costa Oeste. En la sede de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, decenas de estudiantes se han concentrado en The Diagonal, el centro del campus, para protestar. 

Las protestas en las universidades estadounidenses no son algo nuevo en los últimos meses. Desde los atentados de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en los que murieron cerca de 1.200 personas, y el comienzo de la guerra en Gaza, donde Israel ha matado a más de 34.000 palestinos, las manifestaciones se han sucedido con más o menos intensidad. 

Las convocatorias, seguidas con mucha atención por los legisladores demócratas y republicanos en el Capitolio, han desencadenado las comparecencias en el Congreso de varios de los rectores de las principales universidades, incluida la propia Safik. Una de estas intervenciones, la de las responsables de la Universidad de Pensilvania, del MIT y de Harvard, citadas por la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, suscitó una fuerte polémica cuando, a pregunta de la congresista Elise Stefanik, del ala dura republicana, evitaron precisar si tomarían medidas contra los estudiantes que utilizaran lenguaje antisemita. La polémica fue in crescendo durante días hasta desencadenar la renuncia de la rectora de Harvard, Claudine Gay. 

Ahora, la carga policial contra los estudiantes de Columbia la semana pasada ha dado un nuevo impulso a las protestas que ya se venían desarrollando, o desencadenado otras nuevas donde no se habían llegado a producir o se habían ido disolviendo con el tiempo. 

Y la rectora Safik se encuentra en el ojo del huracán. De un lado, los grupos progresistas critican su reacción el jueves. Del otro, el ala dura del Partido Republicano, que arrastra una larga historia de enfrentamientos y suspicacias hacia los rectores de universidades que consideran excesivamente liberales, le acusa de permisividad contra el antisemitismo. Los 10 congresistas por Nueva York de esa formación, encabezados por Elise Stefanik, aliada del expresidente Donald Trump, han suscrito un comunicado en el que reclaman su dimisión. 

Las protestas, que han atraído también a participantes no relacionados con las universidades, han puesto a prueba el equilibrio entre la voluntad de defender la libertad de expresión y la obligación de crear un espacio en el que todos los estudiantes y trabajadores se sientan seguros, alegan las autoridades. Algunos estudiantes judíos aseguran que ya no se sienten a salvo en sus respectivos campus y que crecen los incidentes, y los sentimientos, de antisemitismo. 

La propia Casa Blanca emitía el domingo un comunicado en el que condenaba los incidentes de antisemitismo. “Aunque cada estadounidense tiene el derecho a protestar pacíficamente, los llamamientos a la violencia y a la intimidación física contra los estudiantes y la comunidad judía son obviamente antisemitas, excesivos y peligrosos. Y al hacerse eco de la retórica de organizaciones terroristas, resultan despreciables, especialmente tras la peor matanza perpetrada contra el pueblo judío desde el Holocausto”, apuntaba la declaración. 

Pero los participantes apuntan a que muchos de ellos mismos son judíos. Jonathan Ben-Mencham, estudiante de doctorado en Columbia, declaraba a la cadena de televisión CNN que los estudiantes de esa universidad “que se organizan en solidaridad con Palestina, incluidos estudiantes judíos, han encarado acoso, señalamiento en internet, y ahora detenciones. Estas son las principales amenazas a la seguridad de los estudiantes judíos en Columbia”. 

Mientras que, por otro lado, agregaba Ben-Mecham, “los estudiantes que se manifiestan han celebrado sesiones de oración interconfesionales desde hace varios días, y festejarán la Pascua en el campamento de Solidaridad con Gaza. Decir que los manifestantes son una amenaza contra los estudiantes judíos es una calumnia peligrosa”. 

María Corina Machado ha anunciado este viernes en Caracas su renuncia a participar en las elecciones presidenciales de este 2024 y ha designado como sucesora a Corina Yoris, una académica de bajo perfil público que recibirá todo el capital político de la principal figura de la oposición. A pocos días de que se cierre el periodo de inscripción, Machado ha dado un paso al lado por su inhabilitación impuesta por el chavismo, un movimiento que le pedían amplios sectores de la oposición para no renunciar a la vía electoral. La decisión la ha tomado en consenso con toda la Plataforma Unitaria, por lo que Yoris, desde este mismo momento, se convierte en la principal baza de los antichavistas para derrotar en las urnas a Nicolás Maduro, si es que esto es posible en el sistema autoritario que rige hoy en Venezuela. 

La oposición ha optado por una táctica electoral que consiste en designar candidatos hasta que el chavismo tenga que aceptar a la fuerza a alguno de ellos, aunque sea para mantener un mínimo de formas ante la comunidad internacional. En caso de que Yoris sea inhabilitada, lo que no sorprendería a nadie, le seguiría otro nombre sobre el que se aglutinará todo el antichavismo. Y así hasta el infinito. Esta estrategia ―la más razonable― tuvo éxito en las elecciones regionales en Barinas, la región natal de Hugo Chávez. Un opositor venció al hermano de Chávez, un golpe duro para el chavismo, pero fue anulada su elección. El oficialismo presentó en la repetición a Jorge Arreaza, exyerno del comandante, para asegurar la victoria. Ni así. La oposición volvió a ganar y ahora mismo gobierna allí. Cuando eso ocurrió, muchos pensaron que era la forma idónea de derrotar al chavismo dentro de las reglas que ellos mismos imponen. 

Yoris, de 80 años, llevará adelante el trámite de inscripción, que se hace forma electrónica y que hasta ahora no ha podido concretarse. La académica fue miembro de la comisión organizadora de las primarias opositoras en 2023, en las que Machado arrasó con 92% de los votos. Es licenciada en Filosofía y Letras. También es profesora titular de la Universidad Metropolitana y fue directora del área de Humanidades y Educación del postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). A su vez, es miembro de la Sociedad Interamericana de Filosofía y de la Academia Mexicana de Lógica. Ha sido vicepresidenta para América del Sur de la Red Iberoamericana de Filosofía y hace unos días ingresó con su propio sillón a la Academia Venezolana de la Lengua. 

“Vamos en un camino de transición y tenemos que recorrerlo juntos”, dijo Yoris este viernes después de su nombramiento en el que proyectaron en una pantalla su ficha en el registro electoral que muestra que al momento del anuncio no tenía ningún tipo de inhabilitación por parte del CNE. “Pueden tratar de inhabilitarme por llamarme Corina”, bromeó la sustituta. 

El Consejo Nacional Electoral ha dejado solo dos tarjetas a la oposición para postularse a las presidenciales de julio, la de la Mesa de la Unidad Democrática y la del partido Un Nuevo Tiempo, de línea moderada pero integrante de la Plataforma Unitaria. La oposición planea postular a Yoris con las dos tarjetas y aseguraron estar preparados para un posible bloqueo de Yoris. Desde el jueves y hasta el lunes 25 los aspirantes a la presidencia pueden registrarse ante la plataforma del organismo. En esta ocasión, algo que no está establecido en ninguna norma, el CNE ha puesto horarios para que cada candidato pueda ingresar en la web a través de un código, un nuevo obstáculo virtual para entorpecer la participación en los comicios. Al momento en que están anunciando a la sustituta, los representantes del bloque opositor no habían podido registrarse. Otros aspirantes como Luis Eduardo Fernández y Daniel Ceballos, de partidos que han pactado con el Gobierno, sí han podido ingresar su nombre para ser parte de la contienda del 28 de julio. 

“Están pasando las horas y el régimen usa esto como una gran maniobra para después decir que no había unidad en la oposición. Ellos creen que con estas acciones nos van a sacar de la ruta, que nos van a desenfocar. Esta lucha no la para nadie”, denunció Machado sobre la imposibilidad de registrar las postulaciones por las tarjetas disponibles y que la respaldan. 

Ante el escollo que ha significado la inhabilitación de Machado y la negativa del Gobierno de cumplir los acuerdos de Barbados firmados en octubre pasado, en los que se comprometía a autorizar todas las candidaturas, la oposición ha respondido unida. La dirigente inició su recorrido al país y esta semana, cuando el cronograma electoral comenzó a correr, dejó la puerta abierta sobre el escenario de una sustitución. Esta semana sostuvo reuniones con Un Nuevo Tiempo, cuyo líder, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, también había manifestado su intención ser candidato presidencial. Las diferencias sobre la candidatura alternativa finalmente fueron zanjadas dentro de la Plataforma Unitaria. “Hemos encontrado una persona de mi total confianza que va a cumplir este trámite y que nos da confianza a todos por su honorabilidad. Todos saben que mi lucha por mi inhabilitación no se para. Hasta 10 días antes de la elección puede hacer una sustitución y aquí vamos a luchar hasta el final. Estoy emocionada porque encontramos a la persona correcta”. 

La oposición muestra un gran consenso en torno a la ganadora de las primarias, pero ante su inhabilitación algunos sectores apuestan por un plan b 

Las facciones de la oposición venezolana intentan recomponer contra reloj la hoja de ruta que les permita participar unidas en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Sus intereses no siempre han coincidido y sus visiones estratégicas a menudo han chocado, pero la coalición de partidos críticos con Nicolás Maduro se encuentra ahora en un momento trascendental y tiene muy poco tiempo para decidir. El plazo para presentar candidatos vence el 25 de marzo y María Corina Machado, la aspirante con más posibilidades de ganar e inhabilitada por el chavismo, pidió en un mensaje difundido a través de las redes sociales “confianza” a sus seguidores. La veterana política aseguró que tomará “las decisiones correctas” para llevar a las corrientes antichavistas a una victoria electoral. 

En su mensaje, Machado ha abierto la puerta a soluciones alternativas para darle continuidad a la iniciativa política que impulsa con vistas a las elecciones en caso de que el veto institucional en su contra no pueda ser modificado. A pesar de la casi total unanimidad existente en torno a María Corina Machado, hay activistas, académicos y partidos minoritarios que siguen promoviendo la propuesta de candidatos alternativos que la reemplacen. 

Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, y líder de Un Nuevo Tiempo, ha sido propuesto públicamente por el dirigente opositor Luis Emilio Rondón, uno de sus hombres de confianza, como un posible candidato. Un Nuevo Tiempo, un partido de la Plataforma Unitaria, de línea socialdemócrata moderada, es una de las pocas organizaciones políticas de la oposición que conserva su tarjeta admitida en las instancias del Consejo Nacional Electoral. Rosales no se había inscrito como candidato en las pasadas elecciones primarias del 22 de octubre. 

Siempre insistiendo en la idea del consenso de partidos, otros sectores han propuesto de candidato a Eduardo Fernández, un veterano líder socialcristiano, candidato presidencial en 1988, dirigente fundamental de la democracia, que en estos años ha cultivado una línea política salomónica y moderada. “Quienes quieran capitalizar el malestar nacional no pueden ser personas arrogantes, poseídas por revanchismos”, sostiene Víctor Alvarez, economista, antiguo dirigente chavista y hoy activista por el cambio. Su apuesta es Fernández. 

“Un buen candidato tiene que ser un promotor del reencuentro de un país, terminar con la conflictividad, tener ideas claras de los problemas nacionales, con ascendencia ética y moral sobre las Fuerzas Armadas en un proceso transición, Venezuela necesita un proyecto de unión nacional”, sostiene Mercedes Malavé, activista opositora socialcristiana, secretaria general de Unión y Progreso, el partido que fundó Fernández hace ocho años. 

Seguidores de Manuel Rosales muestran su apoyo tras emitirse una orden de arresto en su contra, en abril de 2009, cuando era alcalde de Maracaibo.AP 

“Para recuperar su recuperación institucional, es necesario adelantar una serie de acuerdos viables, realistas, con los factores que están en el poder, en función de las necesidades del país, partiendo de la base de que el modelo económico del oficialismo fracasó por completo”, agrega esta activista. “He trabajado con Eduardo Fernández sobre la necesidad de generar una candidatura de consenso en este momento político”, continúa Malavé, quien opone este comportamiento a la más intransigente actitud de Machado. “Desde el punto de vista partidista esto luce mal visto. Nuestra propuesta de un candidato de consenso incluye a otros sectores de la vida del país, un acuerdo sencillo en torno a un proyecto de gobernabilidad, interpretar de forma cabal la Constitución Nacional, superar definitivamente el modelo rentista de la nación”. 

Hace un par de semanas, Eduardo Fernández viajó a Maracaibo -segunda ciudad del país en importancia, capital del estado Zulia- para conversar personalmente con Rosales, y fortalecer, en la medida de los posible, una alianza entre los partidos de la oposición. “Vine a reunirme con el gobernador Rosales para conversar con él y pedirle que use toda su influencia para impedir que las fuerzas del cambio se dividan”, indicó a los periodistas. 

Aunque ha recibido el respaldo de ciertas individualidades y partidos pequeños, Fernández -al fin y al cabo una personalidad conocida- tiene, con todo, una proyección modesta en las encuestas y poco apoyo político. En las filas del comité de campaña de Machado, la figura predominante de la oposición, hay total hermetismo en torno a nombres alternativos, entre los que ha sonado también el de Gerardo Blyde, con una dilatada experiencia en negociaciones. 

Machado, en cualquier caso, está abocada a acordar internamente, porque el desigual y extenso campo opositor solo tiene dos tarjetas electorales disponibles para participar -la de Un Nuevo Tiempo y la de la Plataforma Unitaria-, luego de que el Consejo Nacional Electoral invalidara a 16 partidos políticos opositores en los últimos días. 

En las filas de la candidatura de Machado, su eventual sustitución es un tema que, de entrada, produce desagrado y es descartado de inmediato. Algunas voces aisladas han susurrado la posibilidad de Magalli Meda, su mano derecha en muchos temas políticos y logísticos, con quien en ocasiones aparece retratada. Militante de Vente Venezuela, partido donde tiene enorme influencia, Meda es poco conocida en la opinión nacional. El nombre de Meda ha circulado como especulación, y también ha sido negado, en principio porque nadie quiere hablar de ningún nombre. Lo que se discute es cómo enfrentar con arrestos la tesis del “consenso” que intentan imponer sus rivales internos, y que podría tomar vuelo para confrontarse en el campo de las fuerzas democráticas. 

Resulta imposible conocer el apoyo real de los rusos a Putin, aunque lo que sí se conoce es quiénes son sus aliados. A nivel económico, China compra gas y petróleo que Rusia ya no exporta a Occidente. Por otro lado, Irán y Corea del Norte proporcionan armas y munición para la guerra, mientras que Bielorrusia sería su ‘hermano menor’ a nivel estratégico en Europa. Todos estos apoyos son los que permiten a Putin mantener la invasión en Ucrania. 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sido reelegido para su quinto mandato, esto es hasta 2030, ya que ha conseguido el 87,32% de los votos con el 99,36% escrutado de los votos emitidos, según los datos de la Comisión Electoral Central (CEC). En segundo lugar quedaba el candidato comunista Nikolái Jaritónov (4,32%), seguido del representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov (3,79%). La cuarta posición era para el ultranacionalista Leonid Slutski (3,19%). 

Una vez publicados los resultados preliminares que le daban su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el año 2000, Putin mostró su agradecimiento a los rusos por el apoyo en las urnas. «Primero que todo quiero dar las gracias a los ciudadanos rusos. Todos somos un solo equipo. Todos los ciudadanos que acudieron a los colegios electorales y votaron», dijo el jefe del Kremlin. 

Según Putin, la alta participación ciudadana, que fue la mayor desde 1991, está relacionada con la guerra en Ucrania. «Esto está relacionado con que nos vemos obligados, en el sentido literal de la palabra, a defender con las armas en la mano los intereses de nuestros ciudadanos», dijo. 

Miles de rusos posicionados críticos con el Kremlin fueron a las 12 del mediodía del domingo a votar en Rusia y en el extranjero en una muestra de repulsa coordinada por la oposición contra la política de Putin y la guerra en Ucrania. 

Este lunes, la Unión Europea (UE) no ha reconocido la celebración ni los resultados de las elecciones presidenciales rusas en los territorios ocupados de Ucrania, a la vez que ha alertado de consecuencias para sus organizadores. «La UE reitera que no reconoce ni reconocerá nunca ni la celebración de las denominadas ‘elecciones’ en los territorios de Ucrania ni sus resultados. Son nulas y no pueden producir efecto legal alguno», dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los Veintisiete. 

A esto añadió que los dirigentes políticos rusos y aquellos que participaron en su organización «deberán hacer frente a las consecuencias de estas acciones ilegales». Para la UE, las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo tuvieron lugar «en un entorno altamente restringido, exacerbado también por la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania». 

«Las autoridades rusas han seguido incrementando la represión interna sistemática tomando medidas contra políticos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y otras voces críticas mediante el uso de legislación represiva y penas de prisión por motivos políticos», declaró. 

El brazo ejecutor de las decisiones judiciales más polémicas contra activistas y opositores ha surcado un accidentado trayecto para imponer la validez del relato revolucionario en la crisis venezolana 

Revolucionario desde su juventud, comprometido militante chavista, poeta, budista, fundador del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernador, Defensor del Pueblo, promotor de conciertos de rock, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, es una de las figuras más controvertidas de la plana dirigente chavista que ha ejercido la hegemonía política en la Venezuela de los últimos 25 años. 

Abogado, con especializaciones en derecho penal y derechos humanos, Saab fue designado fiscal general en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, foro que se apropió de las funciones del parlamento electo en 2015, dominado por la oposición venezolana, inoperante a partir de aquel año en medio de masivas protesta antichavistas en todo el país. 

Desde entonces, a Saab le ha tocado hacer frente a la batería de acusaciones hechas contra el Estado venezolano por los excesos cometidos contra activistas opositores y los presuntos crímenes de lesa humanidad acaecidos durante el Gobierno de Nicolás Maduro, formulados en varios foros internacionales, muy especialmente en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional. 

Saab comenzó a darse a conocer, sobre todo, por su destacada participación como activista en defensa de las víctimas del Caracazo, del 27 de febrero de 1989, tiempo en el cual se produjeron motines populares generalizados por algunos rezagos económicos, que el Gobierno democrático de entonces enfrentó con torpeza y un número muy alto de muertos. 

Desde entonces, Saab se convirtió en un visitante frecuente de las salas de redacción de Caracas, afable y educado, una fuente habitual para muchos periodistas, trabajando en la intermediación de historias no resueltas y fallas en el trabajo de la policía. 

Nacido en El Tigre, Estado Anzoátegui, al oriente del país, de 62 años, Saab es hijo de una pareja de inmigrantes libaneses. Es divorciado y con hijos. En los años ochenta fue seguidor de Douglas Bravo, célebre exguerrillero, entonces retirado, y militó en Ruptura, una organización de izquierda radical que descreía del relato electoral de la democracia. 

El tránsito al poder y la permanente sobreexposición pública con la llegada del chavismo, a partir de 1999, produjeron algunos cambios en este dirigente político, otrora delgado y con el pelo lacio, cordial y campechano, comprensivo del ejercicio del periodismo. 

Familiares de presos políticos exigen reunirse con Tarek William Saab, en noviembre de 2022.MANAURE QUINTERO (EFE) 

Devoto militante chavista desde la génesis del movimiento, en los años noventa, los continuos desencuentros con la prensa y las constantes pugnas con la oposición lo convirtieron en un personaje desconfiado, irritable, sensible con la crítica. Particularmente, a partir de sus años como gobernador del estado Anzoátegui (2004-2012) 

El aspecto de Saab comenzó a cambiar: frecuente visitante de gimnasios, ya divorciado usaba atuendos informales como gobernador y era un decidido promotor de conciertos de rock en la ciudad de Puerto la Cruz, tradicional destino turístico del oriente del país. Con varios tatuajes nuevos, le gustaba ofrecer una imagen juvenil, cercana, orientada al relato revolucionario. 

Tarek William Saab se fue convirtiendo en un personaje delicado, explosivo, difícil de entrevistar. En ocasiones, altanero. El trabajo controlador de la prensa le sacaba de quicio. Jamás pudo volver a confiar en las intenciones de la oposición. Se tomaba como personales los cuestionamientos a su Gobierno. Reaccionaba indignado ante cualquier planteamiento que cuestionara su desempeño como activista de derecho humanos. 

Le ofendía especialmente que sus adversarios dijeran de él aquello que también dicen de otros chavistas célebres, como José Vicente Rangel o Jorge Rodríguez: que una vez trepados al poder, al inhibir por la vía los hechos el derecho a la alternabilidad política, han terminado cometiendo excesos similares, o peores, a los denunciados en el marco democrático del pasado. 

Frecuentemente cuestionado por alineamiento con el Gobierno de Nicolás Maduro, defendido a capa y espada en los escenarios internacionales, Saab no es, precisamente, el fiscal de un gobierno democrático convencional, sino el de un estado revolucionario. Un estado que nadie ha decretado y no está en la Constitución, pero la única realidad a la cual el oficialismo, como cuerpo político en el estado nacional, responde. 

En plena crisis política de 2017, uno de sus hijos, Yibram, se solidarizó con las protestas opositoras de aquel entonces y los estudiantes asesinados en enfrentamientos con la policía bolivariana, cuestionando públicamente las posturas de padre. Este pronunciamiento dijo haberlo hecho inspirado “en los principios y valores” que este le habría inculcado. Saab, el fiscal, pidió respeto para las opiniones de su hijo, que fueron usadas sin piedad en las redes sociales por sus adversarios. 

Un manifestante en llamas durante unos enfrentamientos con la policía durante una protesta en contra del presidente Nicolás Maduro, en Caracas, en mayo de 2017.RONALDO SCHEMIDT (REUTERS) 

“Recibí una especie de cartel trasnacional del delito, del crimen organizado, totalmente estructurado para delinquir”, afirmó él mismo del Ministerio Público, su despacho, al comentar sus frecuentes operativos anti corrupción y criticar con su dureza a su antecesora, Luisa Ortega Díaz, en uno de sus informes al parlamento. 

Sancionado en varios países por conspirar para socavar la democracia y su falta de independencia para investigar los excesos del ejecutivo en materia de derechos humanos, Tarek William Saab es autor de 13 libros de poesía, estrella de los fondos editoriales del Estado, y presencia frecuente en los encuentros culturales oficialistas. 

Bajo su gestión se ha adelantado una política particularmente agresiva e inédita para la protección animal, con instrumentos legales en los cuales se contemplan severas penas para los infractores; y ha pescado con asertividad demandas populares o evidentes injusticias que se viralizan en las redes sociales para establecer alguna idea de justicia oportuna. 

“Viene la Corte Penal Internacional -atendiendo en origen y esencia a presiones políticas de los centros de poder mundial, a tutelar, sin razón jurídica alguna, el trabajo independiente de la justicia venezolana en reivindicación de la dignidad humana”, dijo en uno de sus pronunciamientos recientes. 

El presidente ruso, Vladimir Putin, advierte a Occidente de que Rusia está técnicamente preparada para una guerra nuclear. 

Se trata de la enésima advertencia de Vladimir Putin desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania. Pocos días antes de la elecciones rusas del 15 al 17 de marzo, en las que Putin previsiblemente se consolidará en el Kremlin 6 años más, ha concedido una entrevista en Moscú. 

«Desde un punto de vista técnico-militar, estamos, por supuesto, preparados», ha dicho el presidente del Kremlin a la televisión ‘Rossiya-1’ y a la agencia de noticias ‘RIA’. Respondía a una pregunta sobre si el país estaba realmente preparado para una guerra nuclear. 

En una amplia entrevista, Putin también ha asegurado que Estados Unidos entiende que si despliega sus tropas en territorio ruso o en Ucrania, esta medida sería considerada como una intevención. 

«En Estados Unidos hay suficientes especialistas en el campo de las relaciones ruso-estadounidenses y en el campo de la moderación estratégica», dijo Putin . «Por lo tanto, no creo que la confrontación nuclear se acelere, pero estamos preparados para ello», asegura y lanza un mensaje más: «Las armas existen para usarlas». «Tenemos nuestros propios principios». 

Sin embargo Putin no cree que sea necesario usar armas nucleares en Ucrania, donde el conflicto se prolonga desde febrero de 2022. «¿Por qué necesitamos utilizar armas de destrucción masiva? Nunca ha habido tal necesidad», afirma el presidente ruso. En estos dos años son varias las advertencias del presidente a Europa y EE.UU si envían tropas a Ucrania. 

24 de febrero de 2022: Putin dice en un discurso para lanzar su «operación militar especial» en Ucrania que Rusia es una potencia nuclear líder «y posee ciertas ventajas en algunos de los tipos de armamento más nuevos. En este sentido, nadie debería haberlo hecho». «Cualquier duda de que un ataque directo a nuestro país conducirá a la derrota y a consecuencias horribles para cualquier agresor potencial». 

Más tarde añade: «Quien intente obstaculizarnos o amenazar a nuestro país o a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y le llevará a consecuencias que nunca ha enfrentado en su historia». 

27 de febrero de 2022: Putin dice que ha ordenado a las fuerzas nucleares de Rusia estar en alerta máxima. 

21 de septiembre de 2022: Putin ordena la primera movilización militar de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y dice: «Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios disponibles para proteger a Rusia y a nuestro pueblo; esto no es un engaño». 

30 de septiembre de 2022: Putin dice que Estados Unidos creó un «precedente» cuando lanzó dos bombas atómicas sobre Japón en 1945. 

9 de diciembre de 2022: Putin dice que cualquier país que se atreviera a atacar a Rusia con armas nucleares sería borrado de la faz de la tierra. Dice que Rusia no tiene mandato para lanzar un primer ataque nuclear preventivo, pero que las avanzadas armas hipersónicas de Rusia garantizarían que Rusia pueda responder con fuerza si alguna vez fuera atacada. 

22 de febrero de 2023: Putin dice que Rusia suspenderá su participación en el nuevo tratado ‘START’ con Estados Unidos que limita la cantidad de ojivas nucleares que cada parte puede desplegar. 

Dice que Rusia debe estar preparada para realizar una prueba nuclear en caso de que Estados Unidos lo haga. 

25 de marzo de 2023: Putin dice que Rusia llegó a un acuerdo con su aliado Bielorrusia, que limita con Ucrania, para estacionar armas nucleares tácticas en su territorio. Dice que esto refleja los despliegues que Estados Unidos ha realizado durante décadas en países aliados en Europa. 

5 de octubre de 2023: Putin dice que no ve la necesidad de cambiar la doctrina rusa que dice que puede usar armas nucleares en caso de un ataque nuclear o una amenaza convencional a la existencia del Estado. Dice que cualquier ataque contra Rusia provocaría una respuesta en una fracción de segundo con cientos de misiles nucleares a los que ningún enemigo podría sobrevivir. «Creo que ninguna persona en su sano juicio y con una memoria clara pensaría en utilizar armas nucleares contra Rusia». 

Putin dice que Rusia ha probado y pronto pondrá en servicio de combate sus últimas armas con capacidad nuclear, el misil de crucero ‘Burevestnik’ y el misil balístico intercontinental ‘Sarmat’. Dice que el parlamento debería revisar la posición de Rusia sobre el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares para «reflejar» la posición de Estados Unidos, que no lo ha ratificado. Al cabo de unas semanas, el parlamento retira la ratificación del tratado por parte de Rusia. 

22 de febrero de 2024: Putin envía una señal a Occidente al realizar un vuelo corto en un avión bombardero estratégico ‘Tu-160M’ modernizado con capacidad nuclear. 

29 de febrero de 2024: Putin les dice a los países occidentales que corren el riesgo de provocar una guerra nuclear si envían tropas a luchar en Ucrania. Dice que «deben darse cuenta de que también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo esto realmente amenaza con un conflicto con el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden?». 

Los analistas de seguridad occidentales dicen que las declaraciones de Putin están diseñadas para disuadir e intimidar, pero no han impedido que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN proporcionen ayuda, inteligencia, entrenamiento y armas a Ucrania -incluidos tanques y misiles de largo alcance- de maneras que Eran impensables al comienzo de la guerra. 

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este sábado el arresto de Emil Brand Ulloa, el director del comando de campaña en el estado Barinas para la líder María Corina Machado, ganadora de las primarias presidenciales de la oposición. 

Según un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Brand Ulloa será acusado de los delitos de «conspiración, asociación, violencia de género (física) y ultraje al funcionario: motivado a las agresiones que les propinó a varias mujeres policías y militares». 

El funcionario dijo que las acusaciones surgen de la presunta participación del colaborador de Machado durante unos «hechos violentos» que tuvieron lugar en el estado el 15 de enero, en lo que calificó como un «plan inicial» para ejecutar acciones terroristas en el país, aunque no dio más detalles al respecto. 

Las elecciones presidenciales en Venezuela están fijadas para julio, pero ¿cumple esta fecha con las condiciones adecuadas? 

Según el fiscal, Brand Ulloa había sido citado a comparecer ante un despacho fiscal por el incidente y no se presentó, por lo que se giró una orden de captura en su contra. 

Simpatizantes de la candidata presidencial María Corina Machado del Partido Vente Venezuela sostienen y ondean una bandera venezolana gigante durante una manifestación en la Plaza Francia de Altamira el 23 de enero de 2024 en Caracas, Venezuela. Crédito: Javier Campos/Getty Images 

El anuncio del fiscal surgió horas después de que Machado denunciara en la misma red social que su colaborador había sido «secuestrado». 

«Exigimos una firme reacción de todos los actores nacionales e internacionales que apoyan una verdadera elección presidencial en Venezuela», agregó la opositora. 

Machado y el movimiento político Vente Venezuela han denunciado el arresto de al menos cinco colaboradores en lo que va del año, sin que las autoridades venezolanas se hayan pronunciado públicamente al respecto hasta este sábado. 

Según los abogados de Vente Venezuela, los arrestos son parte de una persecución política y los detenidos se han declarado inocentes de las acusaciones en su contra, aunque tampoco las han hecho públicas. 

Este sábado, la opositora dijo en Twitter: «Hace 47 días secuestraron a nuestros directores de los Comandos de Campaña de los estados Trujillo, Vargas y Yaracuy, quienes hoy están presos en El Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina», aunque no presentó pruebas de esa acusación. 

Machado fue inhabilitada para buscar la candidatura presidencial por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, luego de que la Contraloría General de Venezuela impusiera una medida contra la dirigente opositora por supuestamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación. Machado insiste en que la inhabilitación es ilegal y ha continuado recorriendo el país haciendo campaña contra el oficialismo. 

Venezuela tiene previsto realizar elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. 

El Gobierno de Nicolás Maduro considera “infundada” la decisión y acusa a la CPI de responder a intenciones políticas 

El Gobierno de Venezuela enfrenta un nuevo revés en la Corte Penal Internacional. Los jueces de La Haya han decidido de forma unánime desestimar la impugnación introducida el año pasado con la intención de detener el proceso de investigación iniciado sobre la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en la última década bajo la administración de Nicolás Maduro, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El proceso que se inició el 3 de noviembre de 2021, luego de que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran en 2018 una denuncia ante la instancia, continúa. La Cancillería venezolana ha calificado de infundada la decisión. 

Este es uno de los frentes en los que el chavismo batalla. La apelación que introdujeron los abogados del Gobierno el año pasado abrió la puerta para escuchar en la Corte parte de los testimonios de más de 8.000 víctimas que rindieron declaración ante la Oficina de Defensa de las Victimas y las observaciones del panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos durante la audiencia celebrada en noviembre. 

La sentencia llega en un momento en el que el chavismo vuelve estar en la mira de la comunidad internacional por un recrudecimiento de la persecución política y la represión, en el año de las elecciones presidenciales, con dos episodios recientes que han levantado nuevamente las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en el país. 

El primero, la detención de la activista Rocío San Miguel, cuya defensa ha denunciado graves violaciones al debido proceso, incluida la incomunicación y desaparición por varios días. San Miguel, tras 20 días de arresto bajo acusaciones de conspiración y terrorismo, no ha podido recibir asistencia de sus abogados. El segundo, la expulsión de los miembros de la oficina técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas por haber manifestado su preocupación por el caso de San Miguel. 

El Gobierno ha argumentado que el sistema de justicia hace el trabajo de investigar y condenar delitos. Pero la CPI ha replicado que no se hace bajo la misma categoría de crímenes de lesa humanidad ni sobre los altos cargos que tienen responsabilidad en su comisión. 

En un comunicado, el canciller Yván Gil ha asegurado que la CPI responde a intenciones políticas: “Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un conjunto reducido de delitos que han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por el sistema de justicia venezolano”. 

Defensores de derechos humanos, sin embargo, han denunciado constantemente la impunidad que rodea a muchos de los casos relacionados con detenciones, torturas de presos políticos, asesinatos de manifestantes en los ciclos de protestas de 2014, 2017 y 2019 y durante operativos de seguridad. El panel de expertos de la OEA ha celebrado la decisión de la Corte e instan al fiscal Karim Khan a incluir en su investigación “los crímenes más recientes cometidos en la escalada de persecución por motivos políticos, detenciones y desapariciones forzadas, de cara a las elecciones de 2024 y a incluir todos los perpetradores, incluidos los perpetradores estatales de alto nivel”. 

Un informe del Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela ha contado durante el mes de enero 97 agresiones en contra de ONG. “El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor”, señala el reporte difundido este viernes. En 2023, esta organización contabilizó 524 ataques. A esto se suma, la pretensión de la Asamblea Nacional de aprobar una legislación para la fiscalización de las organizaciones sociales, que contempla multas de hasta 12.000 dólares a las entidades que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones. 

La Cancillería acusa a 13 funcionarios de ser un “bufete particular de grupos golpistas y terroristas” y les da 72 horas para que dejen el país 

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció este jueves la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas del país. La medida ocurre en medio de las tensiones que ha generado la detención de la activista Rocío San Miguel y las denuncias que han hecho diversas organizaciones sobre la repetición en este caso de un patrón de desapariciones forzadas cometido por los cuerpos de seguridad. Un total de 13 funcionarios instalados en Caracas desde 2019, luego de la visita al país de la ex Alta Comisionada Michelle Bachelet, deben suspender sus actividades y tienen 72 horas para dejar Venezuela. “Esta oficina ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano”, afirmó Gil en rueda de prensa. 

El chavismo se ha replegado y ha roto así el canal que se había abierto para investigar en terreno denuncias de violaciones de derechos humanos y canalizar ayuda humanitaria y recomendaciones para mejorar el sistema de justicia en el país. El funcionario señaló que la comisión ha cumplido “un papel impropio” que “lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que constantemente confabulan en contra del país”. Venezuela hará una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento durante los próximos treinta días y hasta que los miembros de la comisión “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”. 

La presencia del personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas, autorizada por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2019, cuando se había agudizado el cerco diplomático tras los cuestionamientos de la comunidad internacional a su reelección de 2018, permitió documentar los preocupantes informes que se han presentado en Ginebra sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la ocurrencia de casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras graves violaciones. 

A esto se sumó el trabajo de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, cuyo mandato fue renovado el año pasado, pese a la negativa de Venezuela, la cual se ha dedicado a sistematizar los patrones de persecución de opositores y grupos críticos de la gestión. 

Las ONG locales han presionado a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que señale las violaciones al debido proceso que han denunciado en el caso de la abogada San Miguel, que seis días después de su detención en el aeropuerto de Maiquetía continúa incomunicada y fue presentada a audiencia sin contar con asistencia privada, en un acto en el que se le imputaron los delitos de conspiración, terrorismo y traición a la patria. 

La comunidad internacional nuevamente ha levantado las alarmas por este caso y tanto la Unión Europea como Estados Unidos han exigido su liberación. Pero para la Fiscalía venezolana, San Miguel está implicada en una de las cinco tramas conspirativas para supuestamente asesinar al presidente Maduro, denunciadas por las autoridades venezolanas el mes pasado. Hasta ahora solo ha presentado como prueba de este caso la grabación con ediciones y cortes de la declaración de un exmilitar detenido en diciembre. 

Las tensiones entre el Gobierno y Naciones Unidas también se agravaron desde otro flanco. Esta semana, además, el relator especial del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, Michael Fakhri, hizo una visita de dos semana al país, tras la cual concluyó que persiste la crisis alimentaria en el país e hizo duras declaraciones sobre el programa de venta de bolsas de comida a bajo costo de los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) señalando que se había convertido en “sistema clientelar” y que no cumplía con los valores nutricionales y de calidad que debería garantizar el Estado. 

El chavismo se ha endurecido nuevamente en la carrera a las elecciones presidenciales a las que Maduro llega en su peor momento de popularidad y cuando más de 85% de la población desea un cambio político para el país, según la mayoría de las encuestas. Por la vía judicial ha bloqueado la candidatura de María Corina Machado, la principal líder opositora, y también ha detenido e implicado en las supuestas tramas conspirativas a varios de sus colaboradores.